El empleo y la economía en Latinoamérica y el Caribe se ha visto impactado negativamente durante todo el período de la pandemia generado por el COVID-19. Sin embargo, son las mujeres quienes han sentido de forma desproporcionada estos efectos. Más de la mitad de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe (56,9% y 54,3% respectivamente) están en sectores que tendrán mayor impacto negativo por la pandemia. Así, la participación laboral de las mujeres se situó en 46% y la de los hombres en 69% durante el 2020, un gran retroceso en los pasos conseguidos tras más de una década de avance.
Las mujeres son, además, parte crucial de la primera línea de defensa contra el COVID-19, ya que un 73,2% de las personas empleadas en el sector salud son mujeres. Visto esto desde una perspectiva macro, se puede decir que hay mayor vulnerabilidad por parte de las mujeres a la enfermedad que provocó la pandemia, y a las consecuencias económicas que ella trajo. Esto en un contexto en que las mujeres ganan en promedio 23,7% menos de lo que ingresan los hombres en el mismo sector.
Al considerar que hay una rebaja generalizada en los ingresos que perciben las mujeres, ¿cómo creemos que será su acceso a la salud? Evidentemente, mucho peor. Con sectores de salud bajo presión, y salarios que podrían hacer que una mujer tenga que elegir no comprar productos de higiene y salud femenina, comer de forma menos saludable, y dificultar el acceso a medicinas; resulta probable que aparezcan dolencias y que no por falta de ingresos no puedan ser curadas.
Por eso, el informe del CEPAL pide medidas fiscales contracíclicas (gasto público para reactivar la economía). El informe también pide que se tomen medidas de mitigación para amortiguar y compensar “los efectos en el empleo, ingresos y la carga de trabajo de cuidados de las mujeres y el deterioro de sus niveles de bienestar”. El documento añade que las políticas de reactivación económica debe tomar en cuenta las cuestiones de género para seleccionar sectores estratégicos, instrumentos y mecanismos fiscales, y una reorientación de los incentivos económicos.
Otras medidas propuestas destacables son una mayor protección social, que incluyan transferencias, así como también visibilizar e invertir en la economía del cuidado (el hogar, ya sea propio o ajeno, así como de personas —que también puede ser propia o ajena—) que muchas veces queda excluida de los análisis políticos y económicos.
Resulta de mucho interés esta última propuesta, ya que permitiría la expansión del acceso a salud, remunerar un trabajo que muchas veces no se remunera.
