Oscar Noya: Es imposible controlar la malaria mientras exista la minería ilegal

Los casos de paludismo o malaria han aumentado exponencialmente en Venezuela en los últimos años, sobre todo a partir del abandono de las empresas auríferas que funcionaban en el país y su sustitución por la minería artesanal e ilegal en el estado Bolívar. El país enfrenta tres retos para su control.

El Día Mundial del Paludismo es conmemorado cada 25 de abril por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para destacar los avances que han logrado los países en el control de esta enfermedad -también llamada malaria- y para recordar lo que resta por hacer para alcanzar las metas.

Este año el lema escogido fue “acabemos con el paludismo para siempre”, tomando como referencia la estrategia técnica mundial contra la malaria 2016-2030, fijada por la OMS. En el caso de Venezuela, alcanzar este propósito requerirá dirigir los esfuerzos hacia tres aspectos cruciales que actualmente juegan en contra.

Este año el lema escogido fue “acabemos con el paludismo para siempre”, tomando como referencia la estrategia técnica mundial contra la malaria 2016-2030, fijada por la OMS. En el caso de Venezuela, alcanzar este propósito requerirá dirigir los esfuerzos hacia tres aspectos cruciales que actualmente juegan en contra.

En entrevista para el Observatorio Venezolano para la Salud (OVS), Noya precisó los tres retos que tiene el país para reducir la incidencia de la malaria, que extraoficialmente llegó en 2015 a 136.402 casos y que significó un récord histórico en 75 años según la Red Defendamos la Epidemiología y la Sociedad Venezolana de Salud Pública. Esos desafíos son: reconstruir la Dirección de Salud Ambiental (antigua Dirección de Malariología) del Ministerio de Salud, garantizar los medicamentos indicados para su tratamiento y, como sentenció inicialmente, controlar la minería ilegal.

Anarquía en el estado Bolívar

Oscar Noya, quien es especialista en parasitología, recuerda varias decisiones que abonaron el terreno de la minería ilegal. El abandono, “por orden del Ejecutivo”, de las empresas auríferas de Minerven que estaban en plena producción, como la Planta Perú, ubicada en Brisas del Cuyuní, así como la expropiación de otras plantas y campamentos.

La implementación del Plan Piar en 2003 (luego Misión Piar), que entregó ayudas a pequeños mineros y generó en ellos la compra de maquinarias para ejercer la minería ilegal. Y la activación del Plan Caura para eliminar este tipo de minería, en 2010, y que terminó siendo “una farsa porque el Caura está siendo de nuevo explotado”. Lamenta que uno de los ríos más prístinos que quedaba en el país esté contaminado por la actividad minera, “con la anuencia de las autoridades militares”.

Por ello Noya es enfático al decir que la minería artesanal e ilegal fue “promovida por este gobierno”. “Grandes instalaciones fueron abandonadas por el Estado para permitir la minería ilegal, lo cual es un acto de corrupción por haber permitido que se destruyeran inversiones multimillonarias del estado venezolano”, agrega.

La producción de oro de Minerven, asegura Noya, llegó a superar las 8 toneladas anuales y actualmente, según los datos que se manejan, está cerca de la tonelada y media; por debajo de las dos toneladas de oro.

“Habrá que preguntarle a los ministros por qué hicieron esas órdenes de abandonar campamentos en plena producción de oro, y permitir la entrada de decenas de miles de mineros que no solamente devastaron las instalaciones sino que devastaron los bosques de una forma irracional. Eso llevó a esa gente a vivir en condiciones totalmente insalubres, totalmente expuestos a la transmisión de la malaria, y que tengamos como consecuencia el incremento de la malaria”.

El especialista detalla que en esas plantas y campamentos de Minerven las condiciones de trabajo eran aceptables, contrataban a obreros hombres de la zona, que conocían la malaria porque provenían de esa área y vivían en barracas de buena calidad, protegidas con mosquiteros rociados con insecticidas.

Cuando estas dejan de operar, se permite la entrada de personas provenientes de todo el país que no tienen cultura malárica ni anticuerpos contra la enfermedad, y que comienzan a vivir bajo techos de plástico sin ninguna protección.

En consecuencia, lo que comenzó como una minería artesanal desorganizada ha culminado en una minería ilegal a la que se han sumado sindicatos y organizaciones delictivas, sostiene el investigador.

“En este momento el oro es tan o más rentable que el narcotráfico y también sirve para lavar dólares. Todos estos ingredientes han hecho que, en medio de una crisis económica, decenas de miles de personas recurran a la minería. Es imposible controlar la malaria mientras exista la anarquía que existe actualmente en toda el área minera, cuyo epicentro es el municipio Sifontes del estado Bolívar”, reiteró el coordinador del Centro de Estudios sobre Malaria.

Según los datos de 2015 filtrados del Ministerio de Salud, el estado Bolívar acumuló 78,3 % de todos los casos notificados (106.853) y Sifontes fue –y ha sido- el municipio con más incidencia en el país, con 71.934 diagnósticos (52,73 % de los casos del país).

La explotación minera propicia la proliferación de los criaderos del mosquito Anopheles, portador de los parásitos del género plasmodium que causan la enfermedad, por las cárcavas que quedan en la superficie tras cada explotación y que suelen llenarse de agua, pues los huevos son dejados por las Anópheles hembras en agua (charcos, reservorios de agua, pantanos, manglares, bordes de ríos, campos con sistemas de riego) y allí se desarrollan las larvas.

Los mineros expuestos a la picada de los Anópheles se infectan y reinfectan de malaria en el estado Bolívar y al regresar a sus ciudades de origen llevan el paludismo a otras entidades del país.

De Malariología a Salud Ambiental

El segundo reto que tiene el país con respecto al paludismo es “rescatar, recuperar y reconstruir totalmente la Dirección de Salud Ambiental, hoy en día desmantelada a nivel nacional”, por la aplicación de una política errada.

El coordinador del Centro de Estudios sobre Malaria relata que en el segundo gobierno de Rafael Caldera comenzó a debilitarse la Dirección de Malariología (creada en 1936), estando Gilberto Rodríguez Ochoa al frente de esa dirección.

Recuerda que cuando nombran a Rodríguez Ochoa como ministro de Salud, en 1999, conversa con él en dos oportunidades para advertirle que el Ministerio de Salud estaba tomando decisiones “muy peligrosas” al debilitar los sistemas de vigilancia epidemiológica y la unidad más importante, la Dirección de Salud Ambiental que antes se denominaba Dirección de Malariología.

“Le avisé que era peligrosísimo, que todas las enfermedades transmitidas por vectores iban a aumentar: la malaria, la leishmaniasis, el dengue. Al ver que no cambiaba la estrategia dentro del Ministerio le mandé una carta en diciembre de 1999 y le dije ‘si ustedes continúan así van a transformar el Ministerio de la Salud en el ministerio de las enfermedades, porque van a dispararse todas estas enfermedades’. Uno avisó ya en diciembre de 1999 lo que venía”.

Lo que ocurrió en los 16 años siguientes fue la descentralización de esa dirección, creando una anarquía total en el país porque cada estado actuó como mejor le pareció, asegura el especialista en malaria, “con gente incompetente porque se transfirieron las responsabilidades más no las capacidades porque el Ministerio tenía unas capacidades a nivel central pero a nivel regional no las había. Y eso llevó al caos de los sistemas de vigilancia no solamente para malaria sino también para el Chagas y todas estas enfermedades”.

Eso debilitó la capacidad operativa del despacho de salud y está incidiendo en el descontrol del paludismo. “Esa dirección debió haberse quedado centralizada como fue en el pasado”, agrega el profesor jubilado de la UCV.

Sin medicamentos

La malaria es causada por los parásitos plasmodium, que en el caso venezolano suelen ser vivax, falciparum y malariae. Cada especie tiene un tratamiento diferente y en el país actualmente cuesta conseguirlos.

En las áreas endémicas (donde la enfermedad circula durante todo el año) escasean los medicamentos para el tratamiento común y en el estado Bolívar, donde se ven casos de malaria severa, Noya precisa que no cuentan con artesunato, medicamento endovenoso de primera elección a nivel mundial para los casos graves.

“No hay una ampolla en el hospital de Tumeremo, nunca han recibido una sola ampolla. Nosotros tenemos unas poquitas que han servido para salvar los últimos casos graves que hemos visto en Caracas”, indica el especialista, quien maneja la información reciente porque visitó la localidad este mes y regresó el 16 de abril.

Por estas carencias asegura que las muertes por malaria o paludismo han aumentado, pero no maneja datos oficiales sobre esos decesos. “Se comenta que el año pasado hubo al menos 80 muertes por malaria, pero como es política del actual gobierno no mostrar los datos de inflación ni los datos económicos, tampoco nos muestran los datos epidemiológicos de malaria”.

Noya trabaja directamente con el Ministerio de Salud en el control, diagnóstico, formación y actualización de su personal sobre esta patología, pero no tiene acceso a la información. Por otras vías le llegaron las estadísticas de las primeras cuatro semanas del año y estas ya reflejaban que los casos estaban duplicando a los de 2015.

Además menciona que las estimaciones que él y otros investigadores hicieron sobre el total de afectados durante el año pasado les arrojó un número cercano al millón de casos. “Lo hemos planteado en las reuniones con el Ministerio, les hemos dicho cómo se calculan y ellos se quedan callados porque saben que lo que estamos diciendo no es mentira. La situación es muy grave”, dice el especialista.

Para el coordinador del Centro de Estudios sobre Malaria, la responsabilidad de lo que está ocurriendo con el paludismo en el país no recae únicamente en el Ministerio de Salud. A este despacho él le atribuye 20%.

El restante recaería en el Ministerio de Energía y Minas, “principal responsable de haber abandonado las áreas mineras y habérselas entregado a esos grupos de mineros ilegales”; en el Ministerio de la Defensa, que ha debido custodiar esas áreas y evitar el tráfico de combustible, mercurio, oro, así como la degradación de las selvas y parques nacionales; en el Ministerio del Ambiente que debería denunciar los delitos ambientales que se están cometiendo en Bolívar; y en el Ministerio de Interior y Justicia por su deber de controlar la delincuencia en la zona minera, sostiene Noya.

“Tienes cuatro ministerios que tienen una responsabilidad clave en el descontrol que está pasando”.

Un país modelo

Oscar Noya tiene décadas dedicado al estudio de la malaria. Trabajó con doctor Arnoldo Gabaldón y tras su muerte, en 1990, quedó a cargo de su laboratorio como él mismo se lo pidió en vida. “Trabajo ad honorem para el Ministerio de Salud desde 1990”, aclara. El laboratorio está ubicado en la UCV.

Recuerda que el doctor Gabaldón inicia su trabajo en la Dirección de Malariología en 1.936, cuando se crea el Ministerio de Salud, y ese mismo año comienza a formar al personal necesario para combatir la malaria en una Venezuela de 3 millones de habitantes y de los cuales 1 millón tenía la enfermedad. 1 de cada 3 venezolanos tenía malaria.

Así, en un país sin carreteras y sin teléfonos Gabaldón inicia un trabajo que ya para 1950 mostraba cifras impresionantes, indica Noya, “y en 1960 Venezuela recibe el reconocimiento de la OMS de ser el primer país en el mundo en eliminar la malaria. Nosotros fuimos el modelo. Eso lo lograron en escasamente 20 años, hicieron una labor extraordinaria de construir, absolutamente de la nada, toda una estructura maravillosa como fue la Dirección de Malariología”.

Hoy, 56 años después de ese reconocimiento, la historia malárica de Venezuela es otra.